The Prague Post - Colombia concedió un "incentivo perverso" a los guerrilleros para negociar, dice la defensora de DDHH

El presidente de izquierda Gustavo Petro intenta negociar la paz con todos los grupos armados, una de sus promesas de campaña. Pero, a diez meses del salir del poder, no ha logrado acuerdos significativos y el 2025 se perfila como uno de los años más violentos de la última década.

"Se empezó a dar un tratamiento que es políticamente equivalente: el haber firmado el acuerdo de paz y haberlo cumplido, que haber desertado o no haberlo firmado jamás. Eso creo que fue un incentivo perverso", dijo a la AFP desde su despacho en Bogotá la defensora Iris Marín.

El grueso de la otrora guerrilla más poderosa del continente depuso las armas, pero algunos rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y se rearmaron en al menos cuatro grupos disidentes de las FARC, hoy enfrentados entre sí.

La violencia se ha disparado por este "fraccionamiento de los grupos armados" que tienen "un bajo nivel de ideologización" y que están financiados con "economías ilegales" como el narcotráfico y la minería ilegal.

Según Marín, este es un problema heredado de los gobiernos del nobel de Paz Juan Manuel Santos y del derechista Iván Duque por su falta de inversión en territorios afectados por el conflicto.

"De pronto el gobierno (de Petro) lo hizo con el ánimo de poder avanzar en su desarme y poder avanzar en las negociaciones (...) pero los incentivos que dio terminaron siendo perversos para esos efectos", insistió la primera mujer a cargo de la entidad que vela por los derechos humanos.

"Este año 2025 la situación se ha recrudecido", en términos de violencia con asesinatos de líderes sociales (119), casos de reclutamiento forzado (88) y el peor desplazamiento desde que hay registros con casi 85.000 personas expulsadas de sus hogares, afirmó Marín.

Disidencias de las FARC, la guerrilla ELN, también dividida, el Clan del Golfo, el mayor cartel del país, y decenas de bandas se disputan a muerte el poder en el país que produce más cocaína del mundo.

- Drones difíciles de "neutralizar" -

Especialmente en la frontera con Venezuela y cerca al Pacífico, los drones cargados con explosivos de grupos armados ilegales cambiaron el paradigma de la guerra en Colombia.

Sin la sofistificación de otros conflictos como el de Ucrania y Rusia, guerrilleros adquieren a bajo costo estos aparatos que también causan afectaciones a la población civil, entre ellos niños, según Marín.

"Es relativamente barato y sencillo para los grupos armados acudir a los drones", dice. "Para la fuerza pública es una novedad que es más difícil de neutralizar".

Este año las fuerzas militares empezaron a adquirir sistemas antidrones para contrarrestar adaptaciones artesanales que usan los grupos armados para sorprender a sus enemigos o para amedrentar a las comunidades.

Aunque suelen ir dirigidos contra fuerzas de seguridad, en el mundo también dejan decenas de civiles muertos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Entre enero y mayo, la organización documentó en Colombia 524 víctimas de artefactos explosivos, un aumento del 145% con respecto al mismo periodo del año anterior, en especial por el uso de drones.

La "población civil sin duda sí está sufriendo mucho", agrega Marín.

La AFP conoció que en el país ya se hacen pruebas para usar drones con capacidad de lanzar granadas contra grupos ilegales.

- Mercenarios de "exportación" -

Con más de medio siglo de conflicto, los militares adquirieron una formación apetecida en el mundo.

En el retiro y muchas veces con bajas pensiones, son solicitados como mercenarios en países lejanos como Sudán, donde recientemente el gobierno acusó a un grupo de colombianos de combatir junto a un grupo paramilitar en guerra contra el ejército.

Para Marín, este fenómeno responde en parte a la falta de "judicialización efectiva de miembros de la fuerza pública que han incurrido en graves violaciones a derechos humanos" en Colombia.

La Defensora recordó que algunos exmilitares que participaron en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moise en 2021 eran investigados por el presunto asesinato de miles de civiles que el ejército presentó como guerrilleros muertos en combate a cambio de beneficios.

"Mientras que Colombia no tenga una política seria de reintegración de excombatientes o de judicialización de quienes han cometido crímenes (...) va a ser una mano de obra disponible", sostiene.

"Y, tristemente, de exportación para el mundo", agrega al referirse a guerras en curso en el extranjero.

F.Prochazka--TPP