"No ha sido fácil": el partido de las FARC se juega su última carta en Colombia / Foto: Luis ACOSTA - AFP
"No ha sido fácil": el partido de las FARC se juega su última carta en Colombia
Sandra Ramírez baila, ondea banderas y da discursos en plazas. Por primera vez, la senadora y exguerrillera lucha por sumar votos en unas elecciones legislativas de Colombia, la última carta política del partido de las FARC para evitar desaparecer.
Conocida en tiempos de guerra como Griselda Lobo, la dirigente de 63 años es senadora desde 2018 gracias al acuerdo de paz que desarmó al otrora grupo rebelde más poderoso del continente. El pacto garantizó 10 asientos en el Congreso bicameral, sin tener que pasar por voto popular, para sus excombatientes durante dos periodos legislativos que terminan este año.
Tras más de medio siglo de intentar sin éxito tomarse el poder por las armas, los antiguos FARC penan por sobrevivir en la democracia.
El partido Comunes, surgido del acuerdo de 2016, ha sufrido reveses en todas las elecciones incluidas las regionales, en las que no logró ganar gobernaciones ni alcaldías.
Ramírez emprendió una campaña inédita para conservar su curul en las legislativas del 8 de marzo, en medio de la estigmatización que aún pesa sobre los exguerrilleros en un país marcado por más de seis décadas de conflicto armado.
La AFP la acompañó en un mitin en Bogotá, donde la senadora se tomaba fotografías con simpatizantes durante un concierto de rap para conquistar votantes jóvenes de sectores populares.
"Rebuscarse el voto no ha sido fácil", confiesa la política, quien en la guerrilla fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, cofundador y primer comandante de las FARC.
- "Tensión irreconciliable" -
Ramírez evita los logos de Comunes y utiliza los de Fuerza Ciudadana, un partido que hace parte de una coalición de izquierda. Algunas agrupaciones políticas han rechazado esos símbolos para eludir su asociación con la antigua guerrilla.
Comunes competirá en igualdad de condiciones contra decenas de partidos y requiere unos 750.000 votos para mantener el reconocimiento oficial en unas elecciones con más de 41 millones de sufragantes habilitados.
En 2018 y 2022, el partido se presentó en las urnas para medir su aceptación y obtuvo apenas el 0,3% y 0,1% de los votos, respectivamente.
Ramírez es la única candidata de Comunes para el Senado. Otros 16 miembros del partido aspiran a la Cámara baja en una contienda en la que la derecha busca recuperar terreno en el Congreso y volver a la presidencia en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro.
La participación política de los miembros de las FARC estuvo en el centro de las negociaciones del histórico acuerdo, que permitió la reincorporación a la vida civil de unos 13.000 combatientes y colaboradores de la guerrilla marxista.
Cada voto cuenta para los excombatientes que hacen campaña al tiempo que reconocen crímenes atroces ante el tribunal de paz, donde los jueces ofrecen penas alternativas a la cárcel a quienes cuenten la verdad y reparen a las víctimas.
Dos posturas que riñen en la esfera política, según expertos.
En Colombia persiste una "tensión irreconciliable" entre los opositores al acuerdo de paz y candidaturas como la de Ramírez, dice Rafael Quishpe, investigador de las universidades de Giessen de Alemania y de Los Andes de Bogotá.
- Diez años del acuerdo -
La violencia política ensombrece las elecciones por numerosos ataques contra candidatos, el peor de estos el que sufrió el senador de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto por un atentado. Uno de los sospechosos es Iván Márquez, exnúmero dos de las FARC que retomó las armas luego de la firma de la paz.
A diez años del acuerdo, Ramírez y la mayoría de los desmovilizados aseguran mantenerse comprometidos con lo pactado. Pero en redes sociales enfrenta insultos de ciudadanos que no perdonan su pasado en la guerrilla ni las acusaciones que pesan en su contra sobre el reclutamiento de menores.
El último comandante de las FARC y actual líder de Comunes, Rodrigo Londoño, "Timochenko", y los demás miembros de la cúpula fueron condenados en septiembre a ocho años de trabajos sociales y restricciones de la libertad por más de 21.000 secuestros.
También esperan sentencias por otros delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Pese a las dificultades, la senadora considera que el partido "va a continuar", así no sea "a pasos agigantados".
"Los ocho años en el Congreso valieron la pena", asegura. Terminar la "larga noche de la guerra" "sí es posible".
Para Quishpe estas elecciones serán un termómetro para determinar si los exFARC "han logrado cosechar" "unas bases políticas".
Y.Havel--TPP
