The Prague Post - Italianos dan duro golpe al gobierno de Meloni en referéndum sobre la reforma judicial

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Italianos dan duro golpe al gobierno de Meloni en referéndum sobre la reforma judicial

Italianos dan duro golpe al gobierno de Meloni en referéndum sobre la reforma judicial

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, admitió este lunes la derrota en un referéndum sobre la reforma de la justicia, pero a pesar del duro golpe a su liderazgo insistió en que no renunciará.

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Con casi todas las papeletas escrutadas de la votación del domingo y el lunes, el "NO" obtuvo el 53,5% de los apoyos, al tiempo que la opción "SÍ" logró 46,5%, según las cifras oficiales.

Durante la campaña, la primera ministra italiana de extrema derecha insistió en que el referéndum no tenía que ver con su propio liderazgo del gobierno.

"Los italianos han decidido", admitió Meloni en la red X tras conocer los resultados, aunque aseguró que esto no cambia su compromiso de "seguir adelante, con seriedad y determinación".

El gobierno de Meloni había jugado con todo en apoyo al proyecto de reforma, respaldada por socios de coalición en el gobierno de línea dura, mientras que los partidos de la oposición se habían movilizado por el "NO".

Daniele Albertazzi, profesor de política en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, declaró a la AFP que se trata de un "resultado muy malo" para Meloni.

Esto "significa que ha perdido al electorado italiano en un tema clave de su programa, y en una de las propuestas centrales de la derecha en los últimos 30 años", afirmó.

Es el primer revés de este tipo para Meloni, que ha liderado una coalición de gobierno inusualmente estable desde octubre de 2022 y tiene por delante elecciones legislativas en 2027.

"Su imagen de invencible ya no existe", señaló Albertazzi. La participación popular fue relativamente alta para un referéndum, de casi el 59%.

- "Meloni está sin duda debilitada" -

El referéndum, celebrado el domingo y el lunes, buscaba separar las funciones de jueces y fiscales y modificar su órgano de supervisión, en lo que el gobierno presentó como medidas necesarias para garantizar la imparcialidad en los tribunales.

Además, proponía cambiar el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano que supervisa a todos los magistrados.

En cambio, la oposición asegura que era apenas una treta del gobierno para influir en los magistrados y critican que la reforma no toque los problemas de fondo, como los procesos demasiado largos o la superpoblación carcelaria.

La reforma dividiría el CSM en dos consejos distintos: uno para los jueces y otro para los fiscales, y se crearía un nuevo tribunal disciplinario compuesto por 15 miembros.

Tres de esos miembros serían nombrados por el presidente de la República, otros tres, elegidos por sorteo a partir de una lista establecida por el Parlamento y nueve, elegidos por sorteo entre jueces y fiscales.

Analistas políticos señalaron que la complejidad de la reforma, difícil de entender para muchos italianos, así como la retórica que la rodeó, hicieron que la votación acabara convirtiéndose en un referéndum sobre la propia dirigente italiana.

"Meloni está sin duda debilitada", dijo a la AFP Lorenzo Castellani, profesor de política en la universidad Luiss de Roma.

El ex primer ministro Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, que había hecho campaña contra el referéndum, dijo que llegó la hora de un nuevo gobierno.

"Es una orden de desahucio para este gobierno tras cuatro años", declaró en rueda de prensa.

- Cuestión clave para la derecha -

La derecha italiana abrazó la cuestión de la reforma judicial desde que se convirtió en una consigna central del entonces primer ministro Silvio Berlusconi, quien acusaba de parcialidad izquierdista a los magistrados que lo llevaron a numerosos juicios.

Miembros del gobierno de Meloni han arremetido de forma similar contra el poder judicial, y el ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó el mes pasado que la reforma corregiría un "mecanismo paramafioso" que operaba dentro de la justicia.

La reforma también buscaba impedir que los jueces y fiscales puedan pasar de un cargo al otro, algo que solo hace una ínfima minoría.

Desde 2022, solo pueden cambiar de puesto una vez durante los diez primeros años de su carrera. Numerosos magistrados consideran que este sistema es un cortafuegos contra las injerencias políticas.

L.Bartos--TPP