The Prague Post - Cómo EEUU echa mano de amenazas y dólares para expulsar a migrantes a África

Fue así como el camboyano Pheap Rom, de 43 años, terminó en una prisión de alta seguridad en Esuatini, la última monarquía absoluta de África, dirigida con mano dura por el rey Mswati III.

"No entendía por qué me expulsaban a África, si yo soy camboyano", declaró a la AFP.

Algunos fueron expulsados a la República Democrática del Congo (RDC) o a Uganda y otros más desaparecieron de los radares tras ser enviados a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra.

Estados Unidos recurre a las suspensiones de visados para obligar a países africanos a aceptar a nacionales de terceros en el marco de la ofensiva antimigración del presidente Donald Trump, afirmaron a la AFP dos exresponsables del Departamento de Estado.

Dos tercios de los 39 países del mundo afectados por las suspensiones de visados estadounidenses se encuentran en África.

Y según el recuento de oenegés y un informe de senadores del Partido Demócrata estadounidense, casi la mitad de los Estados que han suscrito acuerdos para recibir personas expulsadas de Estados Unidos son africanos.

"A estos países se les presiona a golpe de amenazas sobre aranceles, suspensiones de visados o disminución de la ayuda", señalan los senadores en su reporte.

Estos migrantes caen "en un agujero negro jurídico", retenidos sin ser inculpados, en un lugar desconocido, a veces privados de derechos, reenviados a otro país o de vuelta a su hogar, aunque esto ponga en riesgo sus vidas, denunciaron abogados.

"La implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta", respondió el Departamento de Estado.

Apenas regresó al Despacho Oval a principios del año pasado, Trump procedió a la expulsión masiva de migrantes hacia América Latina.

El caso más emblemático fue el envío a El Salvador de más de 250 venezolanos acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua y detenidos durante meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

África constituye, de alguna manera, un segundo capítulo. Según los exresponsables del Departamento de Estado, estas políticas de expulsión a terceros países fueron elaboradas por Stephen Miller, asesor del presidente estadounidense y partidario de una línea migratoria dura.

Para lograr sus objetivos, Washington empleó la táctica del palo y la zanahoria, con millones de dólares de ayuda desembolsados en el marco de acuerdos secretos.

Esuatini se comprometió así a recibir a 160 expulsados a cambio de 5,1 millones de dólares, según los senadores estadounidenses.

Ruanda habría aceptado recibir a hasta 250 personas a cambio de 7,5 millones de dólares de ayuda estadounidense, según la oenegé Human Rights Watch.

"Es como una trata moderna de seres humanos, por vías oficiales", declaró a la AFP Tin Thanh Nguyen, un abogado radicado en Estados Unidos.

- Deseos de "buena suerte" -

Desde el inicio del segundo mandato de Trump ha crecido la lista de motivos de expulsión. En junio, la Corte Suprema estadounidense respaldó su decisión de revocar un estatuto que protegía a 350.000 haitianos.

Numerosos migrantes embarcados en vuelos nocturnos hacia África gozaban de protección jurídica en virtud de la Convención contra la Tortura o de una suspensión de remoción, según los testimonios recogidos por la AFP a lo largo del último año.

Aunque en el pasado hayan podido vivir legalmente en Estados Unidos, la orden de expulsión sigue vigente con este tipo de protección, a diferencia del derecho de asilo.

Khalid, de 23 años, cruzó la frontera mexicana en 2024 para huir de la tortura en su país de origen, en África oriental, según contó a la AFP, que habló con él en febrero y en mayo.

Cuando el juez le otorgó un estatuto que lo protegía contra la expulsión, le deseó "buena suerte" en su nueva vida en Estados Unidos.

No obstante, en enero fue embarcado sin sus documentos rumbo a Guinea Ecuatorial, un país criticado por defensores de los derechos humanos, donde ahora está bloqueado en una situación inexplicable.

Al llegar a Guinea Ecuatorial, el gobierno de ese Estado hispanohablante de África central le informó de que no podía quedarse y a finales de mayo lo volvió a subir a un avión con destino a su país natal, que lo devolvió a Guinea al no poder identificarlo con documentos oficiales.

De regreso en Guinea Ecuatorial, no puede ni marcharse ni solicitar asilo, un procedimiento que no existe en este país, confirma el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Las autoridades estadounidenses "no saben si estamos vivos, no saben nada", lamenta Khalid.

La abogada Meredyth Yoon, afincada en Estados Unidos, dijo no conocer "a ningún abogado especializado en derecho de extranjería que haya dicho a sus clientes protegidos por la Convención contra la Tortura o por una suspensión de alejamiento: 'Atención, podrían ser expulsados a un tercer país'".

Según el gobierno de Trump, si las normas impiden devolver a estos migrantes a su país de origen, nada prohíbe que sean expulsados a otro Estado.

Según la abogada estadounidense Alma David, para los servicios migratorios "es bastante fácil, en términos de logística, expulsar a estas personas a un tercer país". Sus clientes han sido dispersados por Sudán del Sur, Camerún, RDC y Esuatini.

- Desaparecido durante semanas -

Algunos llevaban una vida normal desde hacía años, incluso sin estatuto especial, como el cubano Roberto Mosquera, que llegó de niño a Florida.

Mosquera, de 59 años, perdió su tarjeta de residente tras cumplir dos penas de prisión, entre ellas por haber disparado, cuando era adolescente, en la pierna de un hombre durante una pelea entre pandillas.

Una amiga de Mosquera desde la infancia, que pidió ser identificada como Ada, comentó en octubre que "cuando salió [de prisión], cambió de vida".

Mosquera "se casó, tuvo cuatro hijas preciosas, habla regularmente contra la violencia de las pandillas y su familia lo adora", dijo Ada.

Sin embargo el servicio migratorio lo detuvo durante un control de rutina en Miramar, en el sureste de Estados Unidos, y estuvo desaparecido durante semanas.

El gobierno primero aseguró a su familia que había sido enviado de vuelta a Cuba, país que rara vez acepta el retorno de sus nacionales.

Un día, Ada lo reconoció en una foto publicada en la red X por Tricia McLaughlin, entonces portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense.

En realidad, Mosquera había sido enviado a Esuatini (antigua Suazilandia) y recluido sin cargos en la prisión de Matsapha, a 30 km al sur de la capital, Mbabane, donde seguía casi un año más tarde.

Mosquera había perdido pelo y adelgazado mucho, según las últimas noticias que Ada tuvo de él en el último otoño boreal.

Desde hace décadas, la cárcel de Matsapha, donde se pudren los opositores al rey, encarna la política de represión en este pequeño país de África austral.

Pheap Rom, el camboyano, pasó semanas allí. Él y sus compañeros de detención "conocieron la miseria", con una única salida diaria de 15 minutos y una llamada telefónica semanal autorizada, relató a la AFP en abril en Phnom Penh, tras haber sido enviado a su país.

A los enviados a Ghana los mantuvieron detenidos en secreto en un campo militar, sin cargos en su contra.

- ¿Un chantaje? -

En la RDC y en Camerún, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejerce presión para que estos migrantes llegados desde Estados Unidos firmen un programa de retorno "voluntario" a sus países, según la abogada David.

"Nos acorralan porque nos dicen: 'Si no aceptan el programa de retorno a sus hogares, se quedarán atrapados en este lío, aquí, en el Congo'", dijo la colombiana Gabriela, de 30 años, cuando la AFP se reunió con ella en abril en un hotel de Kinshasa, cerca del aeropuerto, donde había acabado con compatriotas, ecuatorianos y peruanos.

"Yo no quería venir al Congo, tengo miedo, no conozco el idioma", confesó entonces.

Según testimonios recogidos por la abogada David entre sus clientes en Camerún, la OIM se negó a facilitar tratamiento médico para algunos detenidos.

"La asistencia humanitaria proporcionada a los migrantes" es "estrictamente voluntaria y basada en un consentimiento informado", indicó al respecto la OIM a la AFP.

Para revertir una decisión de suspender los visados, la administración Trump impuso contrapartidas a los países afectados, explicó un exfuncionario del Departamento de Estado.

Algunas contrapartidas no eran particularmente controvertidas, como compartir datos sobre delincuentes conocidos, fomentar el respeto de la duración de validez de los visados o aceptar el retorno de sus nacionales objeto de una orden de expulsión.

Pero, cuando algún país decide no sumarse a la iniciativa, paga un alto precio. Burkina Faso, gobernado por una junta militar hostil a Occidente, se negó a aceptar esas condiciones.

"¿Se trata de una medida de presión? ¿Se trata de un chantaje?", cuestionó en octubre el ministro burkinés de Asuntos Exteriores, Karamoko Jean Marie Traoré, después de que la embajada de Estados Unidos en Uagadugú dejara de repente de tramitar solicitudes de visado.

"Burkina Faso es una tierra de dignidad (...) no una tierra de deportación", añadió el canciller. Poco después, a sus nacionales se les prohibió la entrada en Estados Unidos.

Cuando Nigeria rechazó las propuestas estadounidenses para recibir venezolanos en 2025, "sabíamos que habría consecuencias", declaró a la AFP un exfuncionario del gobierno de ese país. En efecto, las restricciones de visados no tardaron en llegar.

Pero muchos países africanos aceptaron las reglas del juego, subrayaron los exfuncionarios del Departamento de Estado.

Poco después de que Ghana acogiera a expulsados de África occidental, Washington levantó sus restricciones de visados y suprimió aranceles del 15% sobre la exportación de cacao y productos agrícolas.

Pero, para otros países, participar en esa iniciativa no fue suficiente: Guinea Ecuatorial, por ejemplo, continúa sometida a sanciones pese al acuerdo firmado.

- "Agujero negro jurídico" -

El número de personas expulsadas y la lista de países que han aceptado recibirlas, así como el contenido preciso de los acuerdos suscritos con Washington, no se han hecho públicos.

Según senadores demócratas estadounidenses, nueve de los 25 Estados que han firmado acuerdos para acoger personas expulsadas de Estados Unidos están en África.

Según el recuento de las oenegés, el 40% de los acuerdos confirmados o presuntamente firmados se hicieron con países africanos (14 de 34).

Sin embargo, el informe del Senado no menciona a Sierra Leona, que recibió a sus primeros expulsados en mayo, ni a la República Centroafricana, que acogió a otros en junio, algunos de ellos de nacionalidad iraní.

A menudo, los abogados ni siquiera saben dónde están detenidos sus clientes.

De los enviados a Sudán del Sur, Nguyen explica que solo sabe que se encuentran en "un lugar secreto" y "custodiados por soldados".

Pheap Rom, el camboyano enviado a Esuatini en octubre, había cumplido 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de intento de homicidio por haber efectuado un disparo durante una pelea vecinal.

Cuando salió de prisión, en lugar de ser expulsado a Camboya, lo enviaron a Esuatini, donde estuvo encerrado durante meses sin ser inculpado.

Nguyen sospecha que el DHS ni siquiera intentó devolver a su cliente a su país.

El DHS primero aseguró que Rom había embarcado rumbo a Tailandia, país donde nació pero del que no tiene la nacionalidad, y luego admitió que se encontraba en Esuatini, en el centro de detención de Matsapha.

Esa prisión es un "agujero negro jurídico", dice Nguyen. Allí, las personas expulsadas pueden permanecer retenidas de forma ilimitada, y sin poder acceder a un abogado, pese a una decisión del Tribunal Supremo de Esuatini que les reconoce el derecho a la asistencia.

Las impugnaciones judiciales no han hecho retroceder a la administración estadounidense.

Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño convertido en símbolo de la política de expulsiones de Trump, este año estuvo a punto de ser expulsado a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, tras ser enviado "por error" el año pasado a El Salvador.

A finales de mayo, un juez estadounidense abandonó las acciones penales en su contra, pero esta decisión no lo protege todavía de una expulsión.

- Incluso con tarjeta de residencia -

Tras cumplir dos años de prisión por intento de fraude, Benjamin, nigeriano de unos cuarenta años, titular de una tarjeta de residencia y casado con una estadounidense, imaginaba reunirse con su familia.

Él pensaba que el procedimiento de expulsión abierto contra él sería anulado cuando saliera de la cárcel, puesto que un juez consideró que la ley lo protegía contra un eventual retorno a su país, donde estuvo metido en política, lo cual implica un riesgo.

Pero, al final, se acabó encontrando en Ghana, atrapado en un campo militar con otros compañeros de desgracia, expuestos a los mosquitos y a las enfermedades.

La presión de los abogados para obtener su liberación llevó al gobierno ghanés a sacarlos del campo, conducirlos a la frontera y abandonarlos sin papeles en el vecino Togo.

Una situación "terrible", decía en septiembre a la AFP. "He cumplido mi condena (...) asumo mis responsabilidades", señaló. Pero la administración de Trump "violó el fallo judicial".

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D.Dvorak--TPP