EEUU domina el oro venezolano
El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses reconfiguró el poder en Venezuela. Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidenta bajo el chavismo, asumió interinamente la jefatura del Estado. La nueva administración busca reactivar la maltrecha economía y ha aceptado la estrecha tutela de Washington a cambio de aliviar sanciones. Estados Unidos, por su parte, persigue dos objetivos: asegurar el suministro de recursos naturales y tener mayor influencia en el proceso de transición.
Aunque Washington levantó el bloqueo directo al oro venezolano, no devolvió el control completo al gobierno interino. En enero se supo que unas 31 toneladas de oro —el 15 % de las reservas venezolanas— permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra; el valor, estimado en 1.950 millones de dólares en 2020, hoy supera los 3 mil millones. Gran Bretaña mantiene el bloqueo porque no reconoce a la administración de Rodríguez y, según la ministra británica Yvette Cooper, pretende presionar para que Venezuela “transite a la democracia”. Este oro, depositado en Londres desde los años ochenta, es una de las piezas claves en el ajedrez geopolítico y aún no se sabe cuándo podrá ser liberado.
La “Licencia General 51” y sus implicaciones
El 27 de marzo de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 51 A (GL51A) que autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar y vender minerales de origen venezolano, incluido el oro. La licencia sustituyó a la anterior GL51, ampliando la autorización para minerales distintos del oro y complementándose con otras licencias (GL54 y GL55) que permiten proporcionar bienes y servicios al sector minero y negociar contratos.
Sin embargo, impone varias restricciones:
- No permite la extracción ni el refinado dentro de Venezuela, de modo que las actividades deben realizarse fuera del territorio o con metales ya extraídos.
- Prohíbe transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, y excluye el uso de criptomonedas emitidas por el gobierno venezolano.
- Obliga a que los pagos se canalicen a través de un fondo depositario controlado por el Tesoro estadounidense, lo que otorga a Washington capacidad de retener o administrar ingresos.
- Exige que las empresas reporten detalles de las operaciones y de la cadena de custodia en un plazo de diez días y de forma periódica. Washington justifica estas medidas como un incentivo para atraer inversión y formalizar un sector dominado por la minería ilegal, pero los críticos señalan que equivalen a entregar la riqueza venezolana a firmas extranjeras bajo supervisión norteamericana.
Transporte de oro y apertura del sector
Poco después de la aprobación de la licencia, Estados Unidos trasladó barras de oro valoradas en 100 millones de dólares desde Venezuela —la primera operación de este tipo en más de dos décadas. El secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, visitó Caracas a inicios de marzo y anunció la operación en un foro energético en Texas, afirmando que la industria minera venezolana estaba “colapsada” y dominada por bandas, pero que observó voluntad oficial para modernizarla. Burgum viajó acompañado de ejecutivos petroleros y mineros y se reunió más de diez horas con Delcy Rodríguez. El oro transportado será utilizado para inversiones industriales y establece un precedente de cooperación que antes estaba prohibido por las sanciones.
Paralelamente, la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley de minas que ampliaría las concesiones y permitiría contratos de hasta 20 años con empresas privadas. La reforma prevé rebajar impuestos y permitir arbitrajes internacionales. Estos cambios han despertado el interés de conglomerados occidentales; la canadiense Roland Mineral Enterprises anunció que buscará “agresivamente” adquirir proyectos mineros en Venezuela. Para el gobierno interino, la minería se ha convertido en motor clave para atraer divisas y reconstruir la economía.
Controversia ambiental y social
El anuncio de la licencia y de la apertura minera generó fuerte oposición entre organizaciones ambientales y de derechos humanos. La ONG SOS Orinoco advirtió que la licencia legitima un ecocidio: el Arco Minero del Orinoco —una región de 112 000 kilómetros cuadrados— está plagado de minería ilegal, uso de mercurio y presencia de grupos armados, lo que ha provocado contaminación irreversible de ríos y bosques. Según un informe elaborado con World Heritage Watch, al menos 1 500 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima (Patrimonio de la Humanidad) están afectadas por la extracción clandestina. La explotación se realiza sin consultar a comunidades indígenas y bajo un sistema de concesiones opaco.
Las organizaciones sostienen que sustituir a Maduro por Delcy Rodríguez no ha modificado el modelo extractivista: el Estado trata el sur del país como un “feudo minero”, permitiendo que funcionarios y militares se enriquezcan mientras se violan derechos humanos. Denuncian además negociaciones para vender hasta una tonelada de oro a la firma comercial Trafigura, lo que, a su juicio, lavaría capitales obtenidos en zonas controladas por bandas criminales. Frente a ello, activistas piden que las compras de oro incluyan debida diligencia en toda la cadena de suministro, así como medidas para proteger a los pueblos indígenas y a la Amazonía.
Historia reciente de las reservas de oro venezolanas
La presión sobre el oro venezolano no es nueva. Entre 2012 y 2018, el país vendió grandes cantidades de oro para obtener liquidez; las reservas del Banco Central cayeron de 366 a aproximadamente 53 toneladas. Gran parte de la producción del Arco Minero fue exportada irregularmente a Turquía, Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, a veces a cambio de alimentos o gasolina. Sólo alrededor del 30 % del oro producido llegaba al Banco Central, según antiguos trabajadores; el resto era contrabandeado por comerciantes chinos, turcos o brasileños.
En el país se han registrado además tragedias humanas vinculadas a la minería. En octubre de 2025, el derrumbe de una mina artesanal en El Callao dejó al menos 14 muertos, subrayando la precariedad y falta de supervisión en las explotaciones auríferas. Estos accidentes ponen de relieve el desprecio sistemático por la seguridad laboral en las minas ilegales y el costo humano de un negocio multimillonario.
Reacción de la sociedad y percepciones populares
A nivel interno, la noticia del acercamiento entre Caracas y Washington generó sentimientos encontrados. Sectores opositores celebran la caída de Maduro y confían en que la alianza con Estados Unidos traerá inversiones y estabilidad; algunos ven a Delcy Rodríguez como una administradora pragmática que intenta normalizar la economía. Otros, en cambio, temen que el país se convierta en un protectorado estadounidense y que el oro termine beneficiando a corporaciones extranjeras mientras la mayoría sigue empobrecida. La desconfianza hacia el gobierno interino es evidente: activistas cuestionan que figuras asociadas al chavismo controlen el proceso de apertura y advierten que pueden repetirse prácticas corruptas. También surgen expresiones de orgullo nacionalista y resistencia: hay quienes proclaman que defenderán la soberanía y que el oro no debería salir sin consultar al pueblo.
En redes sociales, muchos venezolanos han mostrado preocupación por el impacto ambiental y social de la minería, exigiendo que cualquier acuerdo garantice transparencia y reparación para las comunidades afectadas. Algunos comentarios satíricos comparan a la presidenta interina con caricaturas, reflejando la burla hacia la clase política. Otros ironizan con que la captura de Maduro sólo “cambia de dueño” la riqueza del país. En general, la discusión pública revela una mezcla de esperanza, escepticismo y resentimiento ante un proceso que podría redefinir el futuro de Venezuela.
Posibles consecuencias y escenarios
- Dependencia de Washington: Al centralizar los pagos en un fondo controlado por el Tesoro estadounidense y fijar las condiciones de los contratos, EE UU se asegura un rol de auditor y acreedor. Aunque esto podría facilitar la formalización del sector, limita la capacidad de Venezuela para decidir sobre sus propios recursos.
- Aumento de la extracción y riesgo ambiental: La combinación de nuevas licencias y la reforma de la ley de minas probablemente intensificará la explotación del oro. Sin una fiscalización rigurosa, es posible que se reproduzcan los mismos patrones de degradación ecológica denunciados por las ONG. Las comunidades indígenas podrían verse más afectadas si la expansión ocurre en zonas protegidas.
- Reordenamiento geopolítico: La exclusión de Rusia, Irán y China de las operaciones y la preferencia por empresas occidentales supone un alineamiento estratégico con Washington. Esto podría tensar las relaciones con países que habían apoyado al chavismo y generar fricciones en organismos internacionales.
- Escenario económico incierto: La entrada de capital extranjero y la mayor venta de oro podrían aliviar la crisis de divisas a corto plazo. No obstante, si el oro se exporta en bruto sin desarrollo industrial, el país corre el riesgo de profundizar su dependencia de materias primas. Además, la persistencia de la disputa por las reservas en el Reino Unido añade incertidumbre sobre el acceso a activos importantes.
Conclusión
La decisión de Estados Unidos de ir por el oro venezolano abre una nueva etapa de oportunidades y peligros para un país que lleva años sumido en crisis. La cooperación con Washington podría traer inversiones y tecnología, pero sólo será beneficiosa si existe transparencia, protección ambiental y respeto a los derechos humanos. De lo contrario, la riqueza aurífera podría convertirse en una maldición que agrave los problemas sociales y ecológicos de Venezuela. Mientras se discuten licencias y leyes en despachos oficiales, el futuro del oro —y del país— sigue estando en manos de quienes lo extraen, lo defienden y lo sueñan.
