Italia 2026: Un año decisivo
2025 fue para Italia un año de paradojas: el gobierno de Giorgia Meloni consolidó su control y disfrutó de índices de aprobación inusualmente altos, pero al mismo tiempo afrontó una creciente contestación social y tensiones dentro de su propia coalición. La política exterior estuvo marcada por la guerra en Ucrania y la obligación moral de apoyar a Kyiv frente al terror de Moscú. A medida que el año termina, este balance repasa los principales acontecimientos de 2025 y mira hacia un 2026 lleno de incertidumbre, con reformas estructurales pendientes, desafíos económicos y un conflicto en Europa que no admite ambigüedades.
Tras tres años en el poder, Meloni ha alcanzado un raro equilibrio en un país acostumbrado a la volatilidad. Sus medidas de prudencia fiscal le valieron el aplauso de los mercados y una mejora en la calificación crediticia del país, mientras que las encuestas situaron a Hermanos de Italia por encima del treinta por ciento de apoyo y a su coalición en clara ventaja frente a una oposición atomizada. El déficit público se redujo del 8,1 % del PIB en 2022 al 3,0 % en 2025 y los intereses de la deuda se situaron en niveles similares a los de Francia. Sin embargo, bajo la superficie persisten los problemas: la economía sigue creciendo por debajo de la media europea (0,5 % en 2025 y 0,8 % proyectado para 2026), la producción industrial ha caído un 7,5 % en tres años, la demografía envejece y la burocracia paraliza inversiones. La propia primera ministra advirtió a sus colaboradores en vísperas de Navidad de que «el próximo año será aún más duro», un mensaje que evidencia conciencia de los retos venideros.
En junio, la izquierda apostó por un referéndum para ampliar los derechos laborales y facilitar la ciudadanía. Los votantes que acudieron respaldaron mayoritariamente las reformas, pero la participación rondó el 30 % y no alcanzó el umbral del 50 % necesario para que las consultas fueran válidas. La falta de quorum convirtió la convocatoria en un revés simbólico para la oposición y reforzó a Meloni, que había instado a la abstención y vio cómo la agenda socialdemócrata quedaba aparcada por falta de apoyo popular.
Aun así, el año dejó avances sociales inesperados. En julio el Tribunal Constitucional dictaminó que las madres no biológicas en parejas del mismo sexo tienen derecho a diez días de permiso de paternidad, equiparando sus derechos a los de los padres varones. Esta sentencia, saludada por organizaciones de derechos humanos, mostró que la defensa de la familia tradicional que enarbola el gobierno convive con avances graduales en igualdad.
La paz social se quebró en otoño cuando el presupuesto de 2026, que recorta el déficit al 2,8 % del PIB y sube impuestos a bancos y aseguradoras, provocó fuertes protestas. La Unión Sindical de Base y la CGIL convocaron huelgas generales en octubre, noviembre y diciembre en las que cientos de miles de trabajadores y estudiantes marcharon contra los recortes en servicios públicos, el aumento del gasto militar y el apoyo del gobierno a Israel. Las movilizaciones paralizaron trenes, escuelas y puertos y evidenciaron el malestar por la pérdida de poder adquisitivo. Aunque Hermanos de Italia sigue liderando las encuestas, algunas sondeos reflejan un ligero ascenso de la oposición y un desgaste del ejecutivo.
Otro foco de tensión fue el proyecto estrella del vice primer ministro Matteo Salvini para construir un puente colgante de 3,7 kilómetros sobre el estrecho de Mesina, que uniría Sicilia con la península. La Corte de Cuentas rechazó la iniciativa por defectos en la documentación y posibles incumplimientos de normas ambientales y de contratación de la Unión Europea. Salvini, decidido a iniciar las obras antes de 2027, acusó a los magistrados de obstaculizar un proyecto que, según el gobierno, generaría 36 700 empleos y un incremento del PIB del 1 %. Los opositores temen un impacto ambiental irreversible y el despilfarro de recursos que podrían destinarse a infraestructuras locales más urgentes. El bloqueo judicial puso en evidencia la fragilidad del consenso en torno a una obra emblemática para la derecha.
El enfrentamiento con la magistratura se amplió cuando el Senado aprobó a finales de octubre una profunda reforma constitucional que separa las carreras de jueces y fiscales. El gobierno argumenta que la medida evitará conflictos de intereses y aumentará la eficiencia, ya que actualmente los magistrados pueden pasar de una función a otra. La reforma también prevé dividir el Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos independientes cuyos miembros serían elegidos por sorteo. La oposición denuncia un intento de controlar las investigaciones y advierte de que la ciudadanía podría utilizar el referéndum previsto para la primavera de 2026 para expresar un voto de castigo. Las encuestas muestran un país dividido y los analistas coinciden en que una derrota dañaría seriamente la imagen de Meloni como «ganadora».
El 30 de diciembre, el Parlamento aprobó definitivamente el presupuesto de 2026. El paquete de 22 000 millones de euros, dirigido a familias, trabajadores y empresas innovadoras, incluye bajadas fiscales para rentas medias, ayudas a la inversión en tecnología y un nuevo gravamen de dos euros para los paquetes importados de fuera de la UE, pensado para proteger la industria de la moda italiana frente a competidores asiáticos. A pesar de su enfoque prudente y del objetivo de sacar a Italia del procedimiento de déficit excesivo de la UE, el plan fue tachado de austero por la oposición y los sindicatos, que reclaman más inversión en sanidad, educación y salarios.
En política exterior, el principal desafío fue la agresión rusa contra Ucrania. En julio, Roma acogió la Conferencia de Recuperación de Ucrania, en la que gobiernos, organizaciones internacionales y empresas prometieron más de 10 000 millones de euros para la reconstrucción. La presidenta de la Comisión Europea anunció 2 300 millones en ayudas y la creación de un fondo de capital respaldado por el Banco Europeo de Inversiones para movilizar otros 500 millones. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, presente en la capital italiana, denunció los ataques con drones y misiles como «puro terrorismo» y pidió sistemas de defensa aérea Patriot y sanciones más duras contra el sector energético ruso. El encuentro subrayó el liderazgo de Italia en los esfuerzos de reconstrucción y su compromiso con la defensa de las infraestructuras civiles de Ucrania.
A lo largo del año, Italia envió doce paquetes de ayuda militar desde 2022, incluyendo sistemas de defensa antiaérea SAMP/T, munición y equipos de protección, por un valor superior a 3 000 millones de euros. A finales de año, la coalición gubernamental se dividió sobre la renovación del decreto que autoriza el suministro de armamento. La Liga, con fuertes vínculos históricos con Moscú, amenazó con abstenerse por temor a la corrupción en Kyiv, mientras que Forza Italia y Hermanos de Italia defendían la continuidad de la asistencia. Finalmente, el 29 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la prórroga hasta 2026, priorizando en el texto nuevo material logístico y médico para uso civil y equipos de defensa contra misiles, drones y ciberataques. El canciller Antonio Tajani aseguró que Italia seguirá respaldando a Ucrania militar, económica, financiera y políticamente, aunque reconoció que la ayuda italiana sigue siendo inferior a la de Alemania, que ha enviado más de 15 000 millones de euros.
En paralelo, el Parlamento aprobó una resolución en diciembre instando a evaluar cuidadosamente el uso de activos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Meloni subrayó que hacer pagar a Rusia es un objetivo legítimo, pero advirtió de que la complejidad jurídica podría exponer a Italia a demandas si se actúa sin base legal sólida. Estas cautelas reflejan la voluntad de mantener la presión sobre Moscú sin poner en riesgo los intereses nacionales ni la unidad de la coalición.
El 7 de diciembre, la primera ministra habló por teléfono con Zelenski y le prometió generadores y equipos de emergencia para restablecer el suministro eléctrico tras los bombardeos indiscriminados del Kremlin, además de reiterar el apoyo a las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Este gesto, al igual que la participación de Italia en las iniciativas europeas para movilizar 90 000 millones de euros en apoyo a Kiev durante 2026 y 2027, confirmó que Roma considera la defensa de Ucrania como una prioridad estratégica.
De cara a 2026, Italia enfrentará un panorama complejo. El referéndum sobre la reforma judicial puede convertirse en un plebiscito sobre el propio gobierno; la desaparición progresiva de los fondos europeos de recuperación reducirá el margen fiscal; las huelgas podrían intensificarse si la economía no mejora; y algunos socios de la coalición, como la Liga, podrían radicalizarse para recuperar apoyo antes de las elecciones de 2027. Además, el ministro de Asuntos Exteriores ha planteado la necesidad de reformar la ley electoral para introducir una prima de mayoría que garantice la gobernabilidad. En política exterior, la continuidad de la ayuda a Ucrania exigirá perseverancia y unidad, sobre todo si la guerra se prolonga y si aliados como Estados Unidos reducen su apoyo. La presión internacional para utilizar activos rusos congelados y las tensiones con una Rusia cada vez más agresiva complicarán las decisiones.
En síntesis, el año 2025 consolidó a Giorgia Meloni como figura central de la política italiana pero también desveló fisuras en el modelo de estabilidad que propone. Las protestas sociales, los proyectos controvertidos y las reformas constitucionales muestran que el descontento y las demandas de cambio conviven con el deseo de orden. Italia deberá afrontar 2026 con responsabilidad, escuchando a su ciudadanía y manteniendo firme su apoyo a Ucrania frente al terrorismo de Estado de Rusia, porque la defensa de la libertad y la paz en Europa es inseparable de la defensa de la democracia en casa.
